Una de estas disposiciones fue la adicional séptima, con la que se faculta a las entidades competentes, activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos, si estas instituciones estatales consideran que hay un encarecimiento, retención o encarecimiento de estos productos.

Asimismo, el Banco Central de Bolivia (BCB) podrá emitir bonos soberanos poniendo como garantías las Reservas Internacionales, incluyendo las reservas de oro, tema que fue cuestionado desde diferentes frentes, pero defendido por la administración de Luis Arce Catacora.

En esta línea, desde la Cámara de industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) advirtieron que el PGE 2025 “es una carta blanca para la emisión, endeudamiento y desinstitucionalización”, desde donde también contemplan que la iniciativa no está acorde a la realidad del país.

Desde el aparato de comunicación estatal reflejan que el PGE 2025 pasó 60 días sin haber sido aprobado en la Asamblea Legislativa Plurinacional, instancia que debía analizar y debatir la propuesta del Ejecutivo, pero que al final no se concretó debido a que se ingresó en un receso parlamentario sin haber conformado una comisión que ponga en agenda este asunto.

El PGE fue presentado por el Ministerio de Economía, presenta un importe consolidado de Bs 296.565 millones, cifra que es mayor con respecto a los Bs 265.558 millones presupuestados para la gestión 2024. Además, proyecta una inflación del 7,5%, un déficit fiscal del 9,2% e inversión pública por $us 4.024 millones.

Fuente: Los Tiempos